El 22 de abril el Consejo de Ministros aprobó una modificación que cambia la manera en la que se organizan las explotaciones ganaderas. Hasta ahora era obligatorio contar con un veterinario de explotación, un Plan Sanitario Integral y un Plan de Bienestar Animal. Con la decisión tomada, estos tres requisitos dejan de ser obligatorios y pasan a ser voluntarios.
El objetivo es reducir la burocracia que venía pesando sobre el sector y dar más margen de actuación a los titulares de las explotaciones, una petición que las organizaciones agrarias llevaban tiempo planteando. Se trata además de uno de los 43 compromisos adquiridos por el Ministerio de Agricultura en 2024 con las organizaciones UPA y Unión de Uniones para mejorar la situación de agricultores y ganaderos.
Qué cambia con la nueva normativa
Hasta ahora, con el Real Decreto 364/2023, cualquier explotación debía designar un veterinario de explotación y elaborar los planes sanitarios y de bienestar. Con el nuevo marco, estos documentos dejan de ser una obligación.
Eso no significa que se pueda relajar la vigilancia sanitaria. La bioseguridad, el control de enfermedades, el uso responsable de medicamentos y el cumplimiento de la normativa siguen siendo responsabilidad del titular de la explotación.
Además, las visitas zoosanitarias de un veterinario continúan siendo necesarias, aunque la frecuencia dependerá del nivel de riesgo de cada granja.
El papel del SIGE en este nuevo escenario
El Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE) no desaparece. Este sistema funciona como un cuaderno donde se organiza y queda registrado todo lo que ocurre en la granja, desde aspectos de sanidad y bienestar animal hasta la higiene, la bioseguridad o la gestión de estiércoles y residuos.
La novedad es que ya no resulta obligatorio incluir en el SIGE de manera formal ni un plan sanitario integral ni un plan de bienestar animal, ni contar con la figura oficial del veterinario de explotación. Aún así, el SIGE sigue siendo la herramienta principal para garantizar que la explotación cumple con todas las normativas vigentes.
Simplificación administrativa sin pérdida de obligaciones
En resumen, se eliminan papeles y requisitos formales, pero las obligaciones permanecen. Los titulares de explotaciones deben seguir garantizando el bienestar y la sanidad de sus animales.
Aunque ya no sea obligatorio designar un veterinario de explotación, contar con su asesoramiento sigue siendo muy recomendable. El apoyo profesional en cuestiones de salud animal, medicamentos o control de enfermedades aporta seguridad y confianza en el trabajo diario.
Este cambio, a parte de afectar al marco general, también modifica las normas específicas que regulan explotaciones porcinas, bovinas y avícolas. En el caso del porcino, incluso se amplía en un año el plazo de adaptación al Real Decreto 159/2023 sobre protección de cerdos.