Mantener una granja pequeña de gallinas en los pueblos se ha vuelto complejo porque las leyes actuales no siempre distinguen el tamaño de la explotación. Según explica la editorial de AviAlter, a día de hoy a un granjero con unos pocos cientos de aves se le exigen las mismas distancias respecto al núcleo urbano que a una instalación industrial de millones de ejemplares. Esta falta de flexibilidad ignora que el modelo rural es precisamente el que más busca el consumidor y el que ayuda a que los paisajes no se conviertan en terrenos abandonados donde la maleza acaba borrando los caminos.
Otro punto que genera debate es la gestión de la gripe aviar y el uso del modelo DiFLUsión, que funciona como una herramienta teórica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para predecir cómo se mueve el virus.
El texto de AviAlter señala que la dificultad aparece cuando se ordena el cierre obligatorio de todas las aves bajo techo, aunque los datos reales no muestran que las granjas con acceso al aire libre sean el foco de los contagios. Mientras, organismos europeos como la EFSA ven un riesgo muy bajo, aquí se opta por un confinamiento que resta sentido al producto campero y ecológico, dificultando que los productores vivan con dignidad de la calidad de su trabajo.
Si permitimos que estas normas vacíen de contenido el estándar de las granjas, se corre el riesgo de perder un patrimonio construido durante generaciones. El sector pide que el rigor técnico gane peso frente a las decisiones administrativas para que el contacto con la naturaleza deje de verse como un peligro. Proteger esta forma de producir ayuda a que el entorno rural siga vivo y con gente capaz de cuidarlo, evitando que el campo se transforme en una ruina silenciosa.
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